La responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por empleados es una realidad jurídica consolidada en España desde la reforma del Código Penal de 2010. Este cambio marcó un antes y un después: las empresas ya no solo responden civilmente, sino que también pueden ser sancionadas penalmente cuando se demuestra que un delito se cometió en su beneficio o bajo su estructura.
Comprender cuándo una organización puede ser considerada responsable, qué sanciones se imponen y cómo prevenir este tipo de situaciones es esencial para toda entidad que busque actuar dentro de la legalidad y proteger su reputación.
Cuándo existe responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por sus empleados
Una empresa puede ser penalmente responsable cuando uno de sus directivos, representantes o empleados comete un delito en el ejercicio de sus funciones y en beneficio directo o indirecto de la entidad. Este principio se recoge en el artículo 31 bis del Código Penal, que reconoce a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal independiente de la persona física.
Para que exista esta responsabilidad, deben cumplirse tres condiciones fundamentales: el delito debe estar expresamente tipificado como atribuible a personas jurídicas, el infractor debe actuar dentro del marco de la empresa, y la compañía debe haber obtenido o esperado obtener una ventaja de esa conducta.
El Código Penal excluye de esta responsabilidad al Estado, las Administraciones públicas, los organismos reguladores y las entidades que ejerzan potestades públicas. En cambio, cualquier sociedad mercantil, fundación, asociación o entidad con personalidad jurídica puede ser procesada si incumple su deber de vigilancia y control.
Requisitos básicos de la imputación penal
| Requisito | Descripción |
|---|---|
| Personalidad jurídica | La empresa debe tener existencia legal propia |
| Ámbito funcional | El delito se comete dentro de la actividad de la entidad |
| Beneficio directo o indirecto | La empresa obtiene o pretende obtener una ventaja |
| Falta de control | No existen mecanismos de prevención eficaces |
Qué delitos pueden generar responsabilidad penal
No todos los delitos cometidos por un trabajador implican automáticamente consecuencias penales para la empresa. Solo ciertos tipos delictivos permiten atribuir responsabilidad a la persona jurídica. Estos delitos se relacionan, en su mayoría, con la actividad económica, la gestión empresarial y la protección del entorno.
Entre los delitos más habituales se encuentran los económicos (estafa, blanqueo de capitales, corrupción, fraude fiscal o delitos societarios), los medioambientales, los informáticos y los vinculados a la seguridad laboral. La lista es extensa y abarca más de veinte categorías reconocidas por la jurisprudencia.
La razón es sencilla: el legislador busca castigar a aquellas empresas que, de forma directa o indirecta, se benefician de conductas ilícitas o no establecen medidas de control adecuadas para impedirlas. En este sentido, la responsabilidad penal empresarial se basa tanto en la acción como en la omisión, ya que no actuar también puede generar sanciones.
Delitos más comunes en empresas españolas
| Categoría | Ejemplos frecuentes |
|---|---|
| Delitos económicos | Fraude fiscal, estafa, corrupción en los negocios |
| Delitos tecnológicos | Acceso ilícito a datos, revelación de secretos |
| Delitos medioambientales | Contaminación, vertidos ilegales |
| Delitos laborales | Infracción grave de normas de seguridad y salud |
| Delitos societarios | Administración desleal o falsificación contable |
Cómo puede evitarse la responsabilidad penal: el papel del compliance
El Código Penal permite que la empresa quede exenta de responsabilidad si demuestra que adoptó y aplicó eficazmente un modelo de prevención penal antes de la comisión del delito. Este modelo se conoce como programa de compliance penal.
El compliance consiste en establecer políticas, protocolos y controles internos destinados a prevenir delitos y detectar conductas ilícitas dentro de la organización. No basta con tener un código ético o manual de buenas prácticas: el modelo debe ser real, operativo y supervisado por un órgano independiente con capacidad de actuación.
El éxito del compliance depende de la implicación de la dirección y de la existencia de una cultura de cumplimiento. Además, la empresa debe acreditar que el delito se cometió eludiendo fraudulentamente esos controles. En ese caso, puede quedar exenta o ver reducida su sanción.
Consecuencias y sanciones aplicables a las empresas por su responsabilidad penal frente a delitos cometidos por empleados
Las penas que puede recibir una empresa son variadas y, en muchos casos, más severas de lo que se imagina. Las sanciones se aplican según la gravedad del delito, el beneficio obtenido y el grado de implicación de la organización.
Entre las penas más frecuentes se encuentran las multas económicas, la suspensión de actividades, el cierre de locales, la inhabilitación para contratar con el sector público o incluso la disolución definitiva de la persona jurídica. En los casos más graves, el juez puede imponer la intervención judicial temporal para garantizar que la empresa opere dentro de la legalidad.
Estas sanciones no solo afectan al patrimonio o la estructura operativa. También dañan la imagen corporativa y la confianza de clientes, inversores y trabajadores. Una imputación penal puede suponer la pérdida de contratos, subvenciones o licencias, y en ocasiones provoca la desaparición total de la compañía.
La importancia de la prevención y la actuación responsable
Toda empresa moderna debe entender que la prevención es el único camino para evitar responsabilidades penales. No se trata solo de cumplir la ley, sino de anticiparse a posibles riesgos y demostrar diligencia activa.
Formar al personal, auditar los procesos internos y establecer canales de denuncia interna son medidas que fortalecen el control y la transparencia. Estas herramientas no solo reducen el riesgo de delitos, sino que también mejoran la confianza en la gestión empresarial y proyectan una imagen de integridad.
Actuar tarde o minimizar los riesgos puede tener consecuencias irreversibles. Por eso, las empresas que invierten en cumplimiento normativo no lo hacen por obligación, sino por supervivencia. En un entorno cada vez más exigente, la cultura del cumplimiento se convierte en un valor estratégico y un signo de solidez institucional.
Preguntas frecuentes sobre la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por empleados
¿Qué sucede si las empresas desconocen su responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus empleados?
El desconocimiento no exime de responsabilidad. La ley presume que la empresa tiene el deber de controlar y supervisar las actuaciones de sus trabajadores, especialmente cuando se desarrollan dentro de la actividad empresarial. Por tanto, si los delitos cometidos por empleados benefician de alguna forma a la organización, esta puede ser sancionada aunque sus directivos aleguen ignorancia.
Esto ocurre porque la responsabilidad penal de las empresas se fundamenta en la falta de prevención o en la ausencia de mecanismos de control eficaces. No basta con afirmar que los responsables no sabían lo que ocurría; la normativa exige demostrar que la empresa contaba con protocolos adecuados y que estos se aplicaban correctamente.
La única forma de evitar una condena en estos casos es acreditar que existía un modelo de prevención penal (compliance) eficaz, supervisado por un órgano con autonomía real. Si los empleados burlaron deliberadamente estos controles, la empresa podría quedar exenta de responsabilidad, pero deberá probarlo ante el tribunal.
¿Qué tipo de sanciones puede recibir una empresa por delitos cometidos por empleados?
Las sanciones varían según la gravedad del delito, el beneficio obtenido y el grado de negligencia de la empresa. La responsabilidad penal de las empresas puede traducirse en multas millonarias, la suspensión de actividades, el cierre de locales o incluso la disolución total de la entidad.
Además de las sanciones económicas y estructurales, las consecuencias reputacionales suelen ser devastadoras. Un proceso penal genera desconfianza en inversores, clientes y trabajadores. La pérdida de imagen puede ser más costosa que la multa, ya que afecta a la estabilidad del negocio a largo plazo.
También es habitual que las empresas sancionadas sean inhabilitadas para recibir subvenciones públicas o contratar con la Administración. Este tipo de castigo limita su capacidad operativa y reduce significativamente su competitividad en el mercado.
¿Qué papel tienen los directivos y administradores en la responsabilidad penal de las empresas?
Los directivos y administradores son figuras clave dentro de la estructura de responsabilidad penal. Su deber no se limita a dirigir la empresa, sino que incluye la obligación de establecer y hacer cumplir medidas efectivas de control y vigilancia. Si no lo hacen, pueden ser considerados partícipes o incluso autores de los delitos cometidos por empleados.
El Código Penal establece que la omisión de estos deberes de control puede generar responsabilidad directa para la empresa y personal para el administrador. Por tanto, la negligencia o la falta de supervisión puede derivar en un doble proceso: uno contra la persona jurídica y otro contra la persona física responsable del área afectada.
Los jueces valoran especialmente la conducta posterior de la empresa. Si los directivos colaboran con la investigación, reparan el daño causado o implementan medidas de prevención, la pena puede atenuarse. En cambio, la falta de cooperación agrava las consecuencias penales y reputacionales.
¿Puede una pequeña empresa ser condenada penalmente por delitos cometidos por empleados?
Sí. La responsabilidad penal de las empresas se aplica también a las pymes, asociaciones y fundaciones. El tamaño no es un factor eximente. Sin embargo, la ley reconoce ciertas particularidades en su aplicación. En entidades pequeñas, las funciones de control pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración, sin necesidad de crear un departamento específico de cumplimiento normativo.
Esto significa que una empresa familiar o una sociedad limitada debe igualmente contar con protocolos básicos de prevención. Debe mantener registros contables claros, definir responsabilidades internas y aplicar políticas que reduzcan el riesgo de delitos cometidos por empleados.
De hecho, las pymes suelen ser más vulnerables a las infracciones porque carecen de estructuras formales de control. Un error en materia fiscal, medioambiental o laboral puede tener consecuencias penales graves. Por eso, la asesoría jurídica preventiva resulta tan importante en este tipo de organizaciones.
¿Qué ley regula la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por empleados en España?
La responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por empleados se regula principalmente en el Código Penal español, especialmente en el artículo 31 bis, introducido por la Ley Orgánica 5/2010 y posteriormente reformado por la Ley Orgánica 1/2015. Estas normas establecen los requisitos, las causas de exención y las sanciones aplicables a las personas jurídicas.
Además, los artículos 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Código Penal detallan los efectos de las penas, las circunstancias atenuantes y el tratamiento diferenciado para entidades de pequeñas dimensiones. También determinan cómo puede acreditarse un modelo de organización y gestión eficaz para evitar sanciones.
El Ministerio Fiscal y la Audiencia Nacional, junto con los Juzgados de lo Penal competentes, son los organismos encargados de investigar y juzgar estos casos. En definitiva, el sistema penal español exige a las empresas demostrar una actitud proactiva en la prevención del delito, convirtiendo el cumplimiento normativo en una obligación ineludible y estratégica para cualquier organización.
Por qué contar con asesoramiento penal corporativo
Comprender la responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por empleados requiere una lectura jurídica precisa y experiencia práctica en derecho penal económico. Un error en la interpretación de los deberes de vigilancia o en la implantación de un modelo de compliance puede marcar la diferencia entre quedar exento de responsabilidad o afrontar una condena.
Un asesor especializado detecta vulnerabilidades, revisa protocolos internos y diseña mecanismos de control eficaces. Su labor no se limita a la defensa en caso de delito, sino que incluye la prevención y la gestión integral del riesgo penal dentro de la empresa. Con su guía, cada decisión se apoya en una base legal sólida y adaptada a la realidad empresarial.
Si gestionas una compañía, no esperes a que aparezca un problema judicial. Analizar tus procesos y adecuarlos al marco legal vigente puede evitar sanciones graves y salvaguardar tu reputación. Un abogado penalista Girona puede ofrecerte la orientación necesaria para implantar un sistema de cumplimiento normativo eficaz, proteger tu empresa y garantizar su estabilidad a largo plazo.
